La Tercera Ola

Por Enrique Gómez y David de Ugarte.

A raiz del 11M se abrió un debate profundo dentro del entorno ciberpunk español sobre el tipo de estructuras hacia las cuales nuestra sociedad debería evolucionar para poder sobrevivir al terrorismo de red y el “swarming”, la forma generalizada y descentralizada de conflicto en la sociedad red. Fruto de ese debate han aparecido media docena de artículos firmados por Juan Urrutia, Iñigo Medina y David de Ugarte, cuya conclusión era la necesidad de descentralizar el poder y articularlo en torno a redes sociales abiertas. Pero, ¿todas las transferencias de poder son iguales? ¿Existe descentralización por el mero hecho de transferir competencias estatales a las autonomías? ¿Son todas iguales? Si lo que importa es la capacidad de influencia real de las personas sobre el poder y la robustez de este frente al swarming, la respuesta a las tres preguntas debería ser negativa.

Los fractales tienen una larga trayectoria en el mundo científico. En la Naturaleza hay multitud de ejemplos en los que la estructura básica de algunos objetos geométricos se repite en diferentes escalas, desde milímetros hasta centenares de kilómetros.

¿Por qué no tomar los fractales y el problema de la escala de observación a la descentralización del poder político?. En general la gente suele relacionar la descentralización con una cesión de poder desde una institución de tamaño mayor a varias de tamaño más pequeño. Pero si pensamos en la escala de la descentralización quizá las famosas transferencias del Estado a las Comunidades Autónomas no sean tan descentralizadoras como se cree.

Podemos establecer una escala de población desde un individuo hasta un gran estado en función del orden de magnitud:

· Orden 9: 10⁸: 100.000.000 personas: unión de estados o país grande (por ejemplo Estados Unidos)
· Orden 8: 10⁷: 10.000.000 personas: país mediano o región grande (Holanda o Andalucía)
· Orden 7: 10⁶: 1.000.000 personas: metrópoli o comunidad autónoma (Valencia ciudad o Asturias)
· Orden 6: 10⁵: 100.000 personas: ciudad/distrito (Logroño o el barrio de Delicias de Zaragoza)
· Orden 5: 10⁴: 10.000 personas: barrio o ciudad pequeña
· Orden 4: 10³: 1000 personas: manzana o pueblo pequeño
· Orden 3: 10²: 100 personas: comunidad de vecinos o pueblo muy pequeño
· Orden 2: 10¹: 10 personas: familia ampliada, cuadrilla de amigos, asociación
· Orden 1: 10⁰: 1 persona

Si el estado transfiere un servicio a Cataluña el cambio del orden de magnitud es 0, porque España es de orden 8 y Cataluña también. Probablemente esta transferencia no afecte mucho a un individuo. Si esa misma cesión de poder es hacia La Rioja se pasaría de un orden de magnitud 8 a un orden 6, y por consiguiente es lógico que el ciudadano tenga más influencia sobre ese poder. Le resultará más fácil llegar a un centro de toma de decisiones o influir en las instituciones. De cualquier manera este tipo de transferencias no cambian demasiado el papel de los inviduos, ya que la toma de decisiones y el poder se concentran en grandes maquinarias de órdenes 6, 7 u 8, que mandan por delegación o representación de la suma de muchos individuos. Una descentralización real debería acercarse en todo lo posible hacia un orden de magnitud 1, es decir, procurar que todas las decisiones que puedan ser tomadas por un sólo individuo lo sean realmente, y que la autonomía lo sea más de los ciudadanos con respecto a los estados que de los aparatos administrativos entre sí.

En el ejemplo anterior hemos basado nuestra escala en potencias de 10 porque ajusta, en el caso español, a una descripción de nuestro entorno. Sin embargo no tiene porqué ser así ni siempre ni en todo lugar. La cultura, la distribución territorial y sobre todo las estructuras de comunicación y transporte disponibles modifican las escalas en función de los países, regiones y áreas culturales. La tecnología influye sobre la escala por dos vías: la primera modificando el entorno físico, la segunda aumentando -o permitiendo que aumente- el grado de permeabilidad de las instituciones por parte de los individuos.

· Descentralización política e institucionalización del individuo

La primera aproximación es ya un tópico: por un lado las nuevas tecnologías modifican la ordenación territorial. Cada salto tecnológico (y la Sociedad Red es consecuencia del último) reordenan la división regional e internacional del trabajo. Y no sólo de un modo genérico debido al grado de desarrollo tecnológico global, sino concreto en función de las tecnologías que se impongan y su modelo de propiedad. Son conocidas por ejemplo las consecuencias que la elección entre software libre y propietario tendrían en la distribución geográfica del I+D y en la dimensión empresarial media requerida para llevarlo adelante.

Por otro lado, si aceptamos que la representación política es fruto de un imperativo tecnológico, un mal menor producto de la imposibilidad de que las personas participaran directamente en las elecciones colectivas y no el objetivo de nuestra democracia, es claro que las tecnologías de telecomunicación abren nuevas posibilidades. Es lo que se ha llamado “e-goverment” y que va más allá de la “administración electrónica”. Mientras en el primer caso de lo que se trata es de fortalecer la democracia mediante la participación ciudadana directa en las decisiones, en el segundo de lo que se trata es de aligerar los trámites burocráticos con que el estado castiga a la sociedad civil.

Pero hay un tercer eje en el cual las escalas de representación y poder son modificadas por la tecnología. En concreto por el desarrollo de Internet y su lógica. Eso al menos es lo que se desprende del trabajo del filósofo y teórico ciberpunk Iñigo Medina. Según Medina, “libertad” tiene aquí un significado muy específico: individualización e independencia respecto de las instituciones. Internet y la web en ese marco nueva manera de contrarrestar el peso de las instituciones: no individualizándolas, sino institucionalizando el individuo. ¿Qué ejemplos tendríamos de esa “institucionalización”?. En general todos los que otorgan poder comunicacional directo a las personas sin tener que recurrir al filtro de las instituciones públicas o privadas, los mismos que han tornado caduco el copyright y el derecho de autor. Estamos comenzando a disfrutar de unas tecnologías y unos modos de organización social que nos permiten hacer un periódico, crear y lanzar un disco, un libro o una campaña de activismo social directamente, sin tener que recurrir al estado o las grandes corporaciones. En ese sentido la tecnología abre la puerta a que la democracia se disuelva en la pluriarquía y el gobierno de lo público tome la forma del gobierno de las redes.

· Conclusiones

Sin embargo, como escribe Medina, la red sólo “ofrece la posibilidad” porque está en la mano de cada uno verla y querer materializarla. En esta conquista del individuo y de la libertad que le es propia no hay plan escrito ni providencia; en este juego la única regla es la voluntad de liberación. Es decir, la red y la tecnología se pueden aprovechar para tender hacia ese orden de magnitud 1 pero no conducirá por si misma a él si no existe un ejercicio de voluntad colectiva.

¿No sería interesante pues, elaborar un índice de la concentración del poder político y social en España? Aunque sólo fuera como recordatorio y como acicate a esa descentralización necesaria que habría de ganar cada vez más espacios para la pluriarquía.

En las Highlands centrales de Vietnam habita uno de esos pueblos olvidados, una de esas minorías oprimidas por un gobierno totalitario. Ellos se denominan Degar, aunque generalmente se les conoce como Montagnards (montañeses).

Los Montagnard son un pueblo muy antiguo, una minoría cristiana que un día habitaba en la costa de Vietnam, y que fue desplazada por los vietnamitas y Cham hacia las montañas del Sudeste asiático (conocidas como Central Highlands de Vietnam). Durante la colonización francesa, que comenzó en 1895, se definieron unas fronteras y finalmente se reconoció a este pueblo como nación en 1946 con el nombre de “Pays Montagnards du Sud Indochinois”. Pero al retirarse los galos en 1954 los vietnamitas se abalanzaron sobre esta recién reconocida nación, cometiendo constantes violaciones de los derechos humanos sobre las personas que componían este pueblo. La población montagnard ha pasado de unos 3 millones de habitantes durante la colonización francesa a unos cientos de miles de supervivientes en la actualidad. El informe de Human Rights Watch sobre la represión de los montagnard deja bastante claro el papel del gobierno de Hanoi en este asunto.

El Partido Radical Transnacional, liderado por Emma Bonino, tenía hasta ayer estatus consultivo como ONG en la ONU, en el Comité Económico y Social. Desde 1995 ha venido ejerciendo una labor de defensa de las libertades civiles y de ayuda a minorías oprimidas por gobiernos como el de Vietnam. Algunas de estas batallas han sido la propuesta de crear el Tribunal Penal Internacional, la lucha contra el prohibicionismo en materia de drogas, la crítica hacia la pena de muerte, y sobretodo ofrecer la posibilidad de acudir como delegados a representantes de pueblos masacrados, como los chechenos, los montagnard, o los ujguris, entre otros.

En 2001 el gobierno ruso ya trató de apartar a los radicales de la ONU, pero perdieron la votación. La razón en aquel momento fue la campaña radical, aún vigente a día de hoy, en la que proponen una administración temporal de la ONU para Chechenia. Ahora es Vietnam el país que ha propuesto la suspensión del PRT. La causa principal es la denuncia de la represión sobre los montagnard. En la votación del pasado 21 de mayo, en la que se admitió a trámite la petición, apoyaron a Vietnam nada menos que China, Costa de Marfil, Cuba, la India, Irán, Pakistán, la Federación Rusa, Sudán y Zimbabwe, países todos ellos totalitarios, como se puede apreciar. El Partido Radical cosechó el apoyo de Chile, Francia, Alemania, Perú, Camerún, Rumanía, Estados Unidos y Turquía. Hoy, 22 de julio, está previsto que se decida algo al respecto.

Una vez más los opresores están ganando la batalla a las minorías, en este caso apagando uno de sus pocos altavoces. Luchemos para que la ONG radical pueda volver a poner voz a las súplicas de estos ciudadanos olvidados.

Enlaces:

· Fundación Montagnard

· Recortes de prensa sobre la represión a los Montagnard

· Página para firmar en apoyo al PRT

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha anunciado recientemente que el gobierno del PSOE subvencionará las actividades religiosas de evangélicos, musulmanes y judíos, además de continuar financiando masivamente a la religión católica. Según las propias palabras del ministro: «España es un país aconfesional, donde no debe haber religiones de primera, segunda o tercera clase». El Estado estudia ofrecer hasta 30 millones de euros al Islam, y probablemente más a los evangélicos. Además, el ejecutivo contempla la posibilidad de entregar dinero público también a ortodoxos griegos y a budistas en un futuro próximo. Con estas medidas pretenden aplicar el principio constitucional de neutralidad religiosa del Estado, ligado a la voluntad de cooperación con todas las confesiones presentes en el país.

Algunos católicos se han posicionado a favor de la medida, como la CONCAPA (Confederación de Asociaciones de Padres Católicos), que por motivos obvios prefieren que se enseñen varias religiones en las escuelas públicas antes que ninguna. Otros sin embargo se quejan de la diferencia de presupuesto atendiendo al número de fieles, aunque siempre engordando las cifras.

Los partidos que han gobernado hasta ahora (UCD, PSOE y PP) han ido jugando con el tema religioso, aplicando medidas con fines electorales para tener a todo el mundo contento, pero sin solucionar el problema de la libertad religiosa y de la laicidad del Estado. Primero fueron todos juntos en la Constitución de 1978, que es ambigua e incluso contradictoria en estos asuntos. Después la UCD lanzó en 1980 la Ley de Libertad Religiosa, que supone todo un atentado contra la libertad religiosa. El PSOE firmó hace ya 14 años acuerdos con las confederaciones islámicas, judías y evangélicas, y ahora han decidido retomarlos e invitar a estas confesiones al saqueo de dinero público, que lleva practicando históricamente la Iglesia Católica en solitario.

Resulta indignante vivir en un país europeo, supuestamente moderno y con un gobierno aparentemente laicista, que se dedica a robar a sus ciudadanos centenares de millones de euros para entregárselos a la difusión de algo tan privado y personal como la religión. ¿Por qué sigue manteniendo España unos acuerdos especiales con el Vaticano?. ¿Por qué tenemos que estar pagando parte de nuestros sueldos a rabinos, pastores, imanes, lamas, curas, y todo el que se presente?. ¿Por qué tenemos que pagar a profesores de religión en las escuelas públicas, que son inaceptablemente designados por las diferentes confesiones?. ¿Por qué no se autofinancia cada religión?. ¿Por qué no se retira el capítulo religioso de los presupuestos del Estado?.

El PSOE debería aprovechar esta oportunidad histórica para llevar a cabo una gran reforma: la separación real entre religiones y Estado, situar a la práctica religiosa en el ámbito que le corresponde (el privado) y bajar los impuestos en la parte que concierne a la religión.

“Contra la discriminación religiosa, por la verdadera neutralidad y por la libertad de conciencia: BASTA DE SUBVENCIONES”. El que quiera religión que se la pague.